Mes: octubre 2015

Activos fiscales diferidos

Este tipo de activos, antes conocidos como activos ficticios debido a que a efectos de liquidación carecen de valor real, se han puesto de moda como consecuencia del aumento de “clientes de dudoso cobro”, “deterioros de inmovilizado” por posibles pérdidas o, también en el ámbito de la banca, por “bases imponibles negativas”.

Un activo fiscal diferido surge de la descoordinación existente entre la normativa contable y la fiscal, de modo que desde el punto de vista contable existe una pérdida imputable al presente ejercicio pero, desde el punto de fiscal, esta pérdida es catalogada como “no deducible”.

En el caso de la diferencia temporaria “clientes de dudoso cobro”, pueden ocurrir dos cosas: que finalmente este crédito sea satisfecho por el cliente, o que el impago sea definitivo.

En el primer caso, reconocimos una pérdida contable pero no fiscal, de modo que no pudimos minorar la base fiscal y pagamos más impuestos. En este caso, se considera que pagamos los impuestos “a cuenta” y, por tanto, ahora no hemos de abonarlos.

Si el cliente hace firme su intención de no saldar el compromiso contraído, tendremos que reconocer la pérdida fiscal correspondiente, pagando también menos impuestos ya que una parte la pagamos con anterioridad (cuando se contabilizó la pérdida).

En el caso de que haya “pérdidas fiscales” en un ejercicio económico, éstas podrán compensarse en un plazo de 18 años, con la limitación del 25% de los beneficios para aquellas empresas que facturen más de 60 millones de euros.

Como comentábamos al inicio, estos activos son ficticios porque si se produce la liquidación de la empresa antes de que se hagan efectivos, simplemente, se pierden. Esto también ocurre en el caso de las empresas con gran facturación, en las que es posible que no puedan compensarlos, ya que existen limitaciones. Esta última cuestión ha sido la que más polémica ha suscitado, ya que la banca ha venido reclamando que el Gobierno avale sus activos fiscales diferidos, de modo que si no llegan a compensarse se les hagan líquidos.

Auditoria ciudadana, ¿qué es y para qué sirve?

La auditoría consiste en la verificación de la contabilidad de una empresa por parte de un profesional independiente, con el objeto de comprobar si las cuentas anuales reflejan la situación real del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos en un determinado ejercicio.

Recientemente ha aflorado una nueva modalidad de auditoría, si bien es cierto que no termina de cuajar, con la intención de determinar si la deuda emitida por las administraciones públicas es o no legítima y, por tanto, si se debe pagar.

La Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que es la impulsora de este nuevo instrumento, reconoce que el concepto “deuda ilegítima” carece de fundamento contable o jurídico, siendo un término exclusivamente político que hace referencia a dos tipos de pasivo:

  • Deuda derivada de medidas o mecanismos que han facilitado su desarrollo. La plataforma cita la incapacidad del BCE para financiar a los estados.
  • Decisiones políticas que no tienen un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía, pero sí implican un coste para el erario público.

Estos son los dos tipos de deuda que la PACD y algunos grupos políticos, como Podemos, pretenden impagar alegando ilegitimidad. El Ayuntamiento de Madrid ya ha comenzado a estudiar detalladamente esta medida populista con la que discrepo por las siguientes razones.

Ciertamente la deuda es un instrumento necesario en determinadas circunstancias, pero nunca debería convertirse en un ejercicio permanente, sin embargo, los acreedores de esa deuda están exentos de la irresponsabilidad del deudor, a menos que se llegue a un acuerdo de liquidación concursal, en la que necesariamente tendrán que sentarse y posiblemente, asumir pérdidas o carencias en la amortización.

Por otro lado, con este mensaje se desanima y, por tanto, no se presenta la opción de invertir en deuda pública como una alternativa real de renta fija, con las implicaciones que ello tiene en el aumento de la prima de riesgo.

Creo que la auditoría ciudadana podría ser eficaz si cuantifica qué parte de la deuda se corresponde con políticas que no han generado rédito en términos de bienestar, aplicando un modelo financiero de valoración que incluya un horizonte temporal muy amplio, pero esto nunca podría ser vinculante, sino que debería ser un argumento más para que la ciudadanía sea consciente de la importancia de la austeridad y ahorro y la responsabilidad. Además, entiendo que la PACD debería ofrecer un tratamiento diferenciado en función del tipo de salida de recursos, diferenciando entre gasto corriente o adquisición de activo, por muy poco rentable que resulte éste.

Impuesto sobre el Patrimonio

El patrimonio neto es la riqueza residual de una persona, física o jurídica, es decir, la suma de sus activos (bienes o derechos) descontados los pasivos (obligaciones). En el primer caso (activos) se espera obtener un beneficio económico en el futuro mientras que, el segundo caso (pasivos), provocará una disminución de los recursos económicos disponibles. Ambas masas surgen de sucesos pasados (por lo cual ya se les aplicó un determinado régimen fiscal) sin embargo, el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre rescató un impuesto primitivo cuyo único objetivo era (y es) aumentar la recaudación: el Impuesto sobre el Patrimonio.

Ciertamente, es un impuesto que genera importantes desajustes en el tejido productivo, ya que desincentiva el ahorro y, con él, la inversión. Asimismo, es un impuesto que grava año tras año, el mismo hecho imponible. Estos argumentos los mantiene el Gobierno Regional de Madrid devolviendo cada año a los contribuyentes más de 600 millones de euros, como consecuencia de la bonificación del 100% que mantiene. Esta bonificación ha provocado una importante competencia fiscal (y, por consiguiente, deslocalización de contribuyentes) entre las diferentes Comunidades Autónomas, ya que el sujeto pasivo pagará en función del lugar donde resida, con independencia de la ubicación de sus bienes.

Dicho esto, y aunque sea un impuesto “coyuntural”, hay fórmulas legales que permiten minorar la base imponible. Son las siguientes:

  • En primer lugar y, según establece la normativa, la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio más la cuota del IRPF no pueden ser superiores al 60% de la base imponible de la Renta. En este sentido, es interesante diferir, siempre que se pueda, la imputación de rendimientos a la liquidación de IRPF.
  • Aportar bienes a una sociedad podría ser otra cuestión ventajosa desde el punto de vista fiscal, sin embargo, la sociedad no podrá estar inactiva, sino que tendrá que llevar a cabo una actividad económica que además, sea fuente principal de ingresos. En este sentido debemos prestar atención al Impuesto por Operaciones Societarias.
  • Donar parte del patrimonio a familiares. Esta podría ser otra opción, sin embargo, puede activar el impuesto de donaciones (que tampoco está bonificado en todas las comunidades) e, incluso, puede generar (si se dona a descendientes) imputaciones de renta que impidan a los padres aumentar su mínimo exento.
  • Deslocalización fiscal. El sujeto podría desplazarse a otra comunidad, por ejemplo Madrid, pero eso sí, tendrá que vivir en ella más de 183 días. Sólo así se considerará vivienda habitual.
  • Aportaciones a un plan de pensiones. Este vehículo de ahorro también nos permite eludir el pago de este impuesto. Si fallece el titular, los herederos no tributarán por el Impuesto de Sucesiones, sino que lo harán como rendimientos del trabajo en el IRPF.

Por último, recordar que los bienes privativos se imputan directamente al 100%, mientras que el resto, si el contribuyente está casado en gananciales, van al 50%, siguiendo unas normas de valoración en función de la naturaleza del activo, por ejemplo, un bien rústico o urbano será valorado por el mayor valor de los siguientes: el catastral, el de adquisición o el comprobado por la administración. Además, como se ha citado, tanto el dinero depositado en planes de pensiones como los bienes afectos a una actividad empresarial (que cumpla las condiciones indicadas), están exentos.

A continuación adjunto una tabla extraída de la Consejería de Hacienda andaluza.

Título: Tarifa vigente del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.

tarifa IP

Fuente: Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Según nuestro estudio: irracionales e impacientes

Los individuos toman decisiones, de mayor o menor relevancia, continuamente y bajo diferentes escenarios. Sin embargo, dichas decisiones no siempre se adoptan con racionalidad, es por ello que en 1957, Simon publicó un artículo en el que aportaba un matiz al concepto de racionalidad, indicando que ésta es limitada. Si llevamos esto al ámbito de la elección intertemporal, nos encontramos con que Thaler, en 1981, detectó una serie de anomalías, concretamente seis, observables a partir de las tasas de descuento que los sujetos aplican a magnitudes o a secuencias de estas.

El trabajo que hemos desarrollado versa sobre esta cuestión, concretamente analizamos una de las anomalía conocida como efecto signo. Este efecto se define como el tratamiento diferenciado en función del signo de la magnitud a descontar. Thaler, en este sentido, detectó mayores tasas de descuento para cuantías positivas que para cuantías negativas. Otros muchos autores respaldaron esta investigación. Sin embargo, el estudio que hemos llevado a cabo revela la existencia del efecto signo pero en sentido inverso, de modo que los sujetos decisores que se han sometido a nuestro estudio aplican mayores tasas de descuento a cantidades negativas, ponderando más las ganancias que las pérdidas, en línea con el trabajo de Takahashi, publicado en 2009. De este modo los resultados extraídos contradicen la extendida premisa financiera de aversión a las pérdidas y respaldan la falta de racionalidad en la toma de decisiones intertemporales en el ámbito monetario.

Esto es importante por la extensión de las conclusiones en diferentes disciplinas, no sólo en Finanzas y Economía. Asimismo, esto se estudia en el ámbito de salud y la psicología, entre otros.

Este trabajo estará disponible próximamente en el repositorio de la biblioteca de la Universidad de Almería.